¿Qué pueden hacer las ciudades frente a crisis migratorias como la venezolana o la centroamericana?

Por Alejandro Talavera*

La migración es un derecho humano, que no es otra cosa más que el libre desplazamiento de las personas de un lugar a otro y que actualmente en plena época de globalización, debiera indicar que no existen fronteras para este proceso, es decir, los límites físicos de los países no debieran condicionar ese derecho. Pero lo hacen. ¿Por qué lo hacen?

La migración tiene dos caras de una misma moneda en cada sitio: la emigración, en la que ciudadanos salen de su país hacia otro en busca de oportunidades, y la inmigración, en la que ciudadanos llegan al país por alguna razón de peso. Para el caso peruano, por ejemplo, durante la década de los noventa, miles de conciudadanos emigraron a países como Estados Unidos, España, Italia, Argentina y Chile; y en los dos últimos años otros tantos miles de ciudadanos venezolanos inmigraron a nuestro país.

El migrante que se traslada de un país a otro se asienta por lo general en las ciudades más importantes, ya que en ellas se encuentran las mayores ofertas laborales, mejores servicios educativos y de salud, y más oportunidades en general, tanto para el migrante del interior del país como del llegado desde fuera. Sino recordemos el denominado “desborde popular”, que propuso el investigador José Matos Mar, hace algunos años para el caso limeño, que cambió la faz de nuestra Metrópoli, resultado de la migración interna desde las provincias empobrecidas hacia Lima, un proceso que duró aproximadamente seis décadas.

Pero la migración dentro del país no va en un solo sentido, de lo rural a lo urbano. En los últimos años también se está dando un fenómeno inverso, esto es, los descendientes de los primeros migrantes andinos y del interior del país están retornando a sus ciudades de origen haciendo que se incremente la población de estas, los datos para Cajamarca, Huancayo, Ayacucho, Puno o Huánuco así lo muestran, a quienes se suman los ciudadanos extranjeros o de Lima, usualmente por razones laborales.

¿Y en Latinoamérica? Si se revisa la historia reciente, se puede comprobar que las últimas crisis migratorias nos remiten al éxodo de miles de ciudadanos venezolanos y centroamericanos -sobre todo hondureños, guatemaltecos y salvadoreños- de sus tierras. En el caso de los primeros hacia Colombia, Ecuador, Perú y Chile; en el caso de los centroamericanos, vienen caminando desde hace semanas desde sus casas hacia la frontera de Estados Unidos con México.

Este proceso de migración está encontrando dos reacciones por parte de los políticos y sociedades receptoras: la de acogida y la de rechazo. La primera es propia de las personas que recogen la solidaridad y multiculturalidad como valores positivos de las sociedades, la segunda pareciera ser propia de personas que temen al cambio, individualistas y, hasta lamentablemente, racistas o chauvinistas. Actitudes que en el contexto de una sociedad global y mínimamente humanista ya no tiene sentido.

En el caso de la migración venezolana se puede ver cómo el sentimiento de acogida se expresa en el impacto directo en las ciudades fronterizas colombianas tales como Cúcuta, o en el caso particular de Perú impactando primero a la ciudad fronteriza de Tumbes, luego a casi todas las ciudades peruanas, estimándose en nuestro territorio ya cerca de 600,000 personas.

En cuanto a la migración centroamericana, esta ha impactado en las ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos como es el caso de Tijuana, aunque a diferencia del Perú y de diversos países de Sudamérica, el gobierno norteamericano de Donald Trump no está dispuesto a acoger a ninguno de ellos, dando un ejemplo de lo que es el rechazo y la indiferencia alimentados por el odio y el miedo a los nuevos migrantes, no solo a nivel de autoridades sino también por parte de un sector de la sociedad estadounidense que manifiesta su resistencia a través del racismo y xenofobia, aunque valgan verdades, este sentimiento de rechazo también se da lamentablemente en sectores de la ciudadanía de países latinoamericanos, incluido nuestro país.

Entonces, si gobiernos “democráticos” adoptan este tipo de actitudes de rechazo inhumano al migrante, ¿qué tanto pueden hacer las ciudades, es decir los gobiernos locales o metropolitanos, que es a donde llega la gran mayoría de migrantes en crisis?

La respuesta, lamentablemente, no es muy positiva, incluso con voluntad política expresa de alcaldes de ciudades importantes, las políticas de inserción laboral y la generación mayoritaria de empleo, vienen dadas por los ministerios de Trabajo y Producción de cada país, incluso las autorizaciones para laborar formalmente vienen dadas desde los ministerios de Relaciones Exteriores o del Interior, que son las agencias que formalizan el estatus inmigrante correspondiente.

Incluso en experiencias europeas recientes, ciudades como Barcelona o Madrid con alcaldesas con fuerte voluntad política para colaborar con las crisis migratorias, han podido acoger a un número muy limitado de migrantes africanos y de medio oriente. Está claro que aún el alcalde más pintado, necesita enmarcarse en la legalidad impuesta por el gobierno nacional. Por tanto, un mayor impacto tendría que venir, además de la empresa privada y la misma ciudadanía, una ciudadanía sensibilizada frente a esta realidad para aceptar la convivencia con el nuevo migrante sin asumirlo como una obligación sino como algo natural, normal, espontáneo; aún con las probables rupturas de esquemas tradicional-culturales; estas migraciones permiten garantizar la pluriculturalidad de la sociedad por el aporte de los nuevos migrantes que se van incorporando progresivamente en la misma, garantizando inevitablemente el progreso y desarrollo de nuestras ciudades.

* Arquitecto con más de 15 años de experiencia en arquitectura y urbanismo en empresas nacionales y extranjeras. Coordinador e Investigador en la Plataforma de Transporte y Logística Urbana de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Magister en Planificación y Gestión Urbana Regional de la UNI. Docente universitario en la facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres. Con estudios de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.