¿Los plásticos descartables en el Perú ya tienen las horas contadas?

Por José Carlos Lama*

En mi lectura, falta mucho para eso. Porque aunque vienen bien las recientes noticias de una norma aprobada por el Ejecutivo y otras en proceso de aprobación en el Congreso, creo que debemos ser cautos en un país como el nuestro, que padece de un lobismo crónico en casi todos los sectores de la economía, con poderosos intereses privados que han tenido y siguen teniendo capturados a congresistas, ministros y jueces. Por eso creo que hay que ser cautos, muy cautos con celebrar antes de tiempo. Sino que lo diga la congresista Pariona:

Bueno. Vayamos a lo nuestro.

Las normas en cuestión

Antes que nada, creo importante diferenciar cuatro grandes grupos de plásticos. Aunque no es una clasificación rigurosa, a grandes rasgos los plásticos con los que convivimos a diario, pueden clasificarse en cuatro tipos: reutilizables, reciclables, descartables (o de un solo uso) y biodegradables. En el primer grupo tenemos por ejemplo, juguetes, sillas o vajilla plastificada, es decir, productos que pueden tener más de un usuario o propietario o uno por mucho tiempo. Del segundo tipo, el principal ejemplo es el de las botellas de agua, gaseosas o yogures (conocidas como PET). En el tercero tenemos entre los más comunes, los envases de tecnopor para alimentos, sorbetes plásticos y bolsas desechables -que se estiman en 200 millones solo las que se entregan cada año en supermercados peruanos. Finalmente, en el cuarto grupo tenemos como ejemplo, bolsas cuya composición les permite degradarse biológicamente en un tiempo relativamente corto y ser asimiladas de manera significativa –aunque no de modo completo en la mayoría de los casos- por el entorno.

¿Las recientes normas adónde apuntan? Principalmente al tercer grupo: los plásticos descartables o de un solo uso. Son varias normas en el tintero. Una del Ejecutivo y dos dictámenes del Legislativo que agrupan varios proyectos de ley, a las que podrían sumarse un tercer dictamen. La norma del Ejecutivo es un decreto supremo (N° 013-2018-Minam) elaborado por el Ministerio del Ambiente, que prohíbe en determinados plazos, que van entre uno y nueve meses, a las entidades del Estado, adquirir, usar o incluso permitir el ingreso de materiales plásticos de un solo uso (descartables) a lugares administrados por ministerios (áreas naturales protegidas, museos o patrimonios de la Humanidad, Machu Picchu por ejemplo). Se incluyen envoltorios plásticos de revistas, folletos o material impreso que se use en entidades públicas del Poder Ejecutivo. Como en todo, hay excepciones, como las bolsas para la disposición de residuos, o las que necesiten personas con discapacidad.

Por su parte, las normas del Legislativo, son dictámenes aprobados por la Comisión de Economía del Congreso y la Comisión de Pueblos Andinos –a los que se añadiría uno de la Comisión de Producción-, que ya fueron remitidos al Pleno y que proponen, entre otras cosas, eliminar en un plazo determinado la fabricación y comercialización a nivel nacional de algunos productos plásticos descartables: por ejemplo, un año después de aprobada una de las leyes, los comercios deberían dejar de distribuir bolsas y sorbetes descartables, ampliando la prohibición tras tres años para platos, vasos o vajillas de plástico no reutilizables ni biodegradables. Además, se propone implementar un impuesto directo a quien solicite bolsas plásticas para envasar sus compras en establecimientos comerciales, obligando a los compradores a pagar por ellas de manera diferenciada en el momento mismo de la compra: S/0,10 por bolsa en 2019, veinte céntimos en 2020, treinta en 2021, cuarenta en 2022 y desde el 2023, S/0,50 por cada bolsa solicitada.

¿Qué tal están las normas?

No por gusto más de 40 países del mundo tienen legislación que prohíba o intente reducir el uso de plásticos desechables. En ese sentido, no hay cómo oponerse a una norma como la del Ejecutivo que prohíbe que las entidades del Estado –al menos en ese nivel- usen recursos públicos para adquirir el tipo de plásticos más dañino, peligroso no solo para aves o especies marinas en caso llegase al mar, sino incluso para el sistema respiratorio de seres humanos al momento de ser incinerados dichos plásticos en la vía pública o ser ingeridos indirectamente como microplásticos –hace poco investigadores de la Agencia Austríaca de Medio Ambiente identificaron microplásticos en el organismo de un grupo de personas de distintas edades y países de Europa, Rusia y Japón. Es, definitivamente una buena noticia.

Que además se prohíba su ingreso a áreas naturales protegidas, y en general se proscriba su existencia lo más posible, es ciertamente un avance. Pero nos asalta inmediatamente la pregunta: ¿por qué no se fue más allá y se incluyó a todas las entidades del Estado, incluidos gobiernos locales, regionales, establecimientos educativos y de salud públicos o el Congreso y sus oficinas?

En cuanto a los dictámenes del Congreso que esperan su discusión en el Pleno, obligar a los ciudadanos a pagar por bolsas desechables en comercios, genera una alta probabilidad de convertirse en un incentivo para que pidan las menos posibles y empiecen a llevar sus bolsas o carritos de tela, como se hacía hasta hace algunas décadas aquí y se ha vuelto a hacer en decenas de países desde hace varios años, pero nuevamente, salta la pregunta de si será suficiente el monto que se tiene pensado cobrar o si buena parte de gente está tan mal acostumbrada que le dará igual y simplemente pagará. Total, en la lógica del “quien contamina paga”, todo es posible. Siendo positivos podríamos mirar, como comenta el congresista Alberto de Belaunde –autor de uno de los proyectos recogidos por el dictamen congresal- el caso de Irlanda que logró reducir el consumo de estas bolsas en un 90% o un caso más cercano al nuestro, Colombia, que logró hacerlo en un 30% con una medida similar. No tendría que ser muy distinto aquí, ¿o sí?

Y en cuanto a prohibir por completo la comercialización, importación y uso de bolsas o envases plásticos descartables en pocos años, suena a una medida radicalmente buena para convertirse en realidad. ¿Será posible hacer realidad estas medidas?

Antes de intentar responder estas preguntas, vale la pena hacer un paréntesis y comentar que no todo va viento en popa con estas normas. Estas normas han traído cola en un sector que se asume damnificado: los industriales.

Las reacciones: los industriales pegando el grito al cielo y los ministerios con opiniones encontradas (una de ellas algo extraña)

Más allá de algunas voces altisonantes de congresistas acostumbrados a ser la voz en el Parlamento de los grandes industriales y que han llegado a comparar estos esfuerzos legislativos para prohibir los descartables nada menos que como un intento de derogar la ley de la gravedad, el mayor gremio industrial del país se ha manifestado en contra de estas medidas, sobre todo de las que intentan aprobarse en el Congreso.

El vocero de la Sociedad Nacional de Industrias y directivo del comité de plásticos, Jesús Salazar, ha pedido extender el plazo todo lo que sea posible, hasta por lo menos, completar el lustro pues se estarían afectando entre 90 y 150 empresas que se dedican principal o exclusivamente a fabricar bolsas plásticas. Ha sustentado su pedido en las millonarias inversiones realizadas por la industria, un importante número de puestos de trabajo directo (58 mil) e indirecto (220 mil) que se pondrían en riesgo con la eliminación propuesta y en la inviabilidad de que el mercado y los consumidores encuentren en los plazos propuestos alternativas de bajo costo que cumplan con la norma. Argumentos aparentemente razonables, aunque en mi lectura, insuficientes y hasta engañosos, porque se pretende incluir entre los afectados a vendedores de envases descartables como si fuera imposible que estos migren a productos alternativos comerciales menos impactantes para el planeta.

De arranque, los ministerios correspondientes debieran mirar a fondo esos flujos de caja de los industriales, a ver si es tan dramático el cuadro que nos pintan o si ya a estas alturas recuperaron largamente las inversiones realizadas en su momento con el inmenso consumo de envases descartables, a un ritmo creciente de 7,7% por año, llegando a colocar cada año, un estimado de 2500 millones de envases de tecnopor en todo el Perú, unos 13 millones de kilos anuales, según se puede estimar con datos reportados por un informe sectorial de Macroconsult. Lo más preocupante: materiales como el tecnopor que terminan como residuos quemándose en botaderos y contaminando miles de hectáreas a lo largo y ancho del país, contaminando el aire y cuerpos de agua, además de flora y fauna, pues no son reciclables.

¿Qué han dicho los ministerios hasta el momento? Voceros del Ministerio de Economía y Finanzas, han mostrado una sorpresiva preocupación porque la propuesta que se intenta aprobar en el Congreso no es coherente con la protección ambiental que se pretende promover, pues al ponerle precio a las bolsas plásticas descartables, quienes puedan pagar, pagarán y con ello se seguirá impactando al planeta. Impresionante, ni el mismo Ministerio del Ambiente ha manifestado una preocupación tan radical con la protección del planeta y una crítica tan profunda a uno de los dogmas de la economía ambiental. Mientras tanto, algo más predecible, el ministerio de la Producción ha sido precavido, justificándose en el probable impacto económico que la industria nacional fabricante de plásticos sufriría.

Pero entonces, ¿estas normas anti-plásticos son buenas noticias o no?

Sí, son buenas noticias. Claro que son buenas. Pero como he desarrollado hasta aquí, están lejos de ser suficientes. Y no solo eso. Hay serios vacíos normativos aún, que generan situaciones tan absurdas como que un municipio de Lima (Magdalena del Mar) que intenta implementar una ordenanza que prohibiese la distribución o comercialización de sorbetes plásticos en su jurisdicción, termine denunciada ante Indecopi por no tener un marco legal que la respalde. ¿Le pasará lo mismo al municipio de Jesús María que acaba de aprobar una ordenanza similar?

Ampliaremos el análisis en una siguiente entrega y bosquejaremos rutas alternativas para un manejo adecuado y razonablemente sostenible de los plásticos en el Perú.

*José Carlos Lama es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Ingeniería y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido consultor por varios años para la cooperación internacional y docente universitario en temática ambiental. Actualmente es investigador y codirector del Centro de Estudios Metropolitanos y Comunitarios.